El término "asesinato por decreto" se refiere a la acción de un gobierno o autoridad que ordena la ejecución de una persona sin un juicio justo o debido proceso legal. Este tipo de asesinato se lleva a cabo a menudo como represalia política o para eliminar a opositores y disidentes.
El asesinato por decreto es una violación grave de los derechos humanos y de las leyes internacionales. Se considera un acto de terrorismo de Estado y una forma de abuso de poder, en la que se ignora por completo la legalidad y se vulnera el derecho a la vida de las personas.
Las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional condenan enérgicamente esta práctica y exigen justicia para las víctimas y responsabilidades para los perpetradores. Es importante que se investiguen estos crímenes, se lleve a los responsables ante la justicia y se establezcan medidas para prevenir su repetición en el futuro.
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